Por una denuncia del municipio, dirigentes sindicales van a juicio por cortar las calles y afectar los servicios públicos

El juez penal Diego Piedrabuena determinó que tres dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales (Si.Tra.Mu.Ne) deberán ir a juicio oral por cortar las calles y entorpecer la prestación de servicios públicos.

A esta definición se arribó en la audiencia realizada este martes a partir de una denuncia penal presentada por el municipio por los cortes de calles que se realizaron en septiembre de 2017.

La fiscalía había pedido sobreseer a los imputados -Santiago Baudino, Juan Castro y Víctor Beroisa- pero el juez no hizo lugar y reconoció al municipio como querellante y ahora deberá llevar adelante la acusación en lugar del Ministerio Público Fiscal (MPF).

“Este hecho sienta un precedente y además la posibilidad de debatir ampliamente los hechos y la responsabilidad por los cortes de calles”, aseguró el asesor legal de la comuna, Javier Pino, quien informó que ahora se está a la espera de que la oficina de la Unidad Penal notifique la fecha del inicio del juicio.

“Tiene que haber respeto, tolerancia, tanto de las mayorías a las minorías como de las minorías a las mayorías, la democracia se construye siempre en la paz, no destruyendo, rompiendo, amenazando, porque esas son conductas reñidas con la democracia y esto lo tiene en claro el intendente Horacio Quiroga y no lo va a dejar pasar”, añadió.

“El intendente tiene la fuerte convicción de garantizar los derechos de peticionar a las autoridades pero siempre en un marco de razonabilidad y de respeto de los derechos de las demás personas que no se tienen que ver perjudicadas y poder transitar libremente, llegar a su trabajo, tomar el colectivo, ir a la universidad, ir al hospital en los medios de transporte público”, precisó el abogado municipal.

Los cortes de calle que impulsaron la iniciativa legal ocurrieron los días 8 y 9 de septiembre de 2017 en Avenida Argentina y Roca.

Pino recordó “el caos que se generó en el centro de la ciudad, los comerciantes de la zona tuvieron que cerrar negocios, las personas no podían subir a colectivos, taxis o remises”. Ante esta situación contó que “el intendente ordenó de manera inmediata efectuar la denuncia penal” en el marco del artículo 194 del Código Penal, de entorpecimiento de la prestación de los servicios públicos.

Pero mencionó que después “la Unidad Fiscal a cargo del fiscal Pablo Vignaroli se bajó del barco en una conducta que entendemos contradictoria porque primero formuló cargos y después decidió pedir el sobreseimiento” a los imputados.

El asesor legal elogió la decisión del juez Piedrabuena de hacer lugar al pedido de la Municipalidad de elevar la causa a juicio por los cortes de calles en septiembre de 2017: “Vamos a asumir el desafío manteniendo la decisión del intendente de llevar a debate esto porque son conductas que exceden la normal tolerancia y cuando pasan a ser delito no podemos mirar para el costado”, dijo el abogado.