Confirman la presencia de células golpistas en el ejército boliviano
El ministro Del Castillo recalcó que, aunque el gobierno había recibido información sobre intentos previos de desestabilización, ninguno había alcanzado la magnitud de los eventos ocurridos este miércoles.
Bolivia vivió uno de los episodios más turbios de su historia reciente cuando un grupo de militares planeó un golpe de Estado para derrocar al gobierno democráticamente elegido. Eduardo Del Castillo, ministro de Gobierno, reveló en una entrevista televisiva el miércoles 26 de octubre que la subversión había sido meticulosamente preparada durante tres semanas. El intento resultó en 12 heridos por disparos y condujo a la detención de varios militares.
El ministro destacó que aunque el gobierno tenía información previa sobre intentos de desestabilización y “golpes de Estado blandos”, ninguno había alcanzado la magnitud de lo sucedido ese miércoles. “Ningún boliviano se habría imaginado la magnitud de lo ocurrido esa tarde”, comentó Del Castillo. Se anunció que los excomandantes del Ejército y la Armada, Juan José Zúñiga Macías y Juan Arnez Salvador respectivamente, enfrentarán cargos por terrorismo y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado.
“Antes del mediodía daremos una conferencia de prensa para revelar la identidad de otros participantes en este intento de destruir la democracia“, adelantó el ministro. Además, advirtió que los responsables podrían enfrentar penas de cárcel de entre 15 y 30 años.
Juan José Zúñiga Macías, excomandante del Ejército, fue señalado como uno de los principales autores del plan, pero ha negado las acusaciones afirmando actuar bajo órdenes del presidente Luis Arce. “Zúñiga carece de credibilidad en sus declaraciones”, respondió Del Castillo, explicando que Zúñiga ya había sido informado de su destitución por violar la Constitución en una reunión previa con el presidente Arce y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
El ministro subrayó que la conducta de Zúñiga era grave, pues “un militar no puede deliberar sobre política ni sobre asuntos dentro del territorio nacional. Los militares deben cumplir órdenes.” Añadió que su ministerio actuará como parte acusadora en el proceso judicial contra Zúñiga, Arnez y los demás implicados.
Las audiencias preliminares se enfocarán en determinar la magnitud de la conspiración y los roles específicos de los detenidos. Del Castillo enfatizó la gravedad de los cargos que enfrentarán los conspiradores, destacando que podrían ser condenados a entre 15 y 30 años de prisión.
Este intento de golpe contra la estabilidad democrática de Bolivia ocurre en un contexto tenso, con alertas previas sobre intentos de desestabilización. La rápida respuesta del gobierno y las fuerzas de seguridad lograron evitar un daño mayor, aunque el evento sembró incertidumbre y preocupación entre los bolivianos.