Redacción Diario Neuquen
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 dispuso el decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y del empresario Lázaro Báez, en una medida de fuerte impacto dentro de la Causa Vialidad. La decisión también alcanza a Máximo y Florencia Kirchner, así como a otros condenados del expediente.
Según la resolución, el patrimonio afectado deberá ser tasado y ejecutado para cubrir una cifra que asciende a casi $685 mil millones, monto que la Justicia considera equivalente al beneficio económico obtenido a través de la maniobra delictiva investigada. El tribunal —integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— avanzó tras el vencimiento del plazo que tenían los acusados para depositar voluntariamente el dinero establecido en la sentencia.
La fiscalía, encabezada por Diego Luciani, había solicitado la implementación inmediata del decomiso argumentando que la orden estaba firme y que, ante la falta de pago, correspondía avanzar sobre los bienes. Además de la familia Kirchner y de Báez, la medida también recae sobre Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich, así como sobre los activos de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto, empresas clave en la operatoria de obra pública cuestionada.
Los inmuebles bajo decomiso fueron adquiridos entre 2003 y 2015, período señalado como central por la Justicia para el presunto direccionamiento de licitaciones viales. En su fallo, el tribunal destacó que el decomiso busca evitar que el delito genere beneficios económicos y contribuir a la recuperación de activos vinculados a hechos de corrupción, con el objetivo de reparar el daño generado al Estado. También aclaró que sólo se alcanzará a terceros no condenados cuando hayan recibido bienes de manera gratuita o cuando se trate de personas jurídicas favorecidas por los hechos investigados.
En total, la familia Kirchner perderá 20 propiedades: una perteneciente a la expresidenta y otras 19 heredadas por Máximo y Florencia. En el caso de Báez, la medida implica el decomiso de más de 80 propiedades, incluidos inmuebles asociados a las firmas utilizadas —según la sentencia— para las 51 licitaciones viales adjudicadas en Santa Cruz. Esta decisión marca uno de los movimientos finales en un expediente que continúa generando repercusiones políticas y judiciales en todo el país.
