Redacción Diario NeuquenEl bloqueo a la Municipalidad de Chos Malal abrió una crisis que combina reclamo salarial, disputa política, causa penal y conexiones incómodas con una investigación por drogas. Tres empleados municipales fueron imputados por daño agravado luego de los incidentes ocurridos frente al edificio comunal, donde se utilizaron neumáticos encendidos y se provocaron daños en áreas públicas.
Los acusados por el Ministerio Público Fiscal son Marcela Manríquez, María Ángeles Mabel Meriño y Jorge Alfredo Albarrán. La imputación fue formulada por los fiscales Natalia Rivera y Víctor Salgado, quienes sostuvieron que los tres participaron en una maniobra que derivó en un incendio frente al sector de Economía y Recursos Públicos. El hecho ocurrió el 15 de abril, en el marco de la protesta impulsada por el gremio SOYEM.
La acusación fiscal indicó que Manríquez colocó un neumático sobre un tarro metálico y lo encendió con papeles, cartones y otros elementos combustibles. Después, Meriño agregó otro neumático al fuego y Albarrán pateó el recipiente hacia la puerta del sector de Rentas y Recaudaciones. Esa acción generó llamas intensas, abundante humo negro y daños que quedaron registrados sobre la fachada municipal.
El fuego afectó bienes públicos y puso en riesgo al personal. Se constataron manchas de hollín sobre el frente del inmueble, daños en un cartel institucional, afectación de letras corpóreas y perjuicios en una ampliación ubicada en el primer piso. El humo llegó hasta la oficina de la jefa de Gabinete, Anabella Chiape, quien tenía 34 semanas de embarazo. La situación recién cesó cuando intervino la Policía, apagó el foco y retiró el tambor.
La jueza Bibiana Ojeda hizo lugar a la formulación de cargos y fijó una medida cautelar para impedir que los acusados se acerquen al edificio municipal o a los empleados afectados. El plazo de investigación será de un mes. Desde la Municipalidad se acompañó la postura del MPF a través de la querella, en un contexto donde el Ejecutivo local denuncia que el bloqueo impide el ingreso del intendente Nicolás Albarracín y de sus funcionarios.
La protesta se originó luego de una negociación salarial en la que el municipio ofreció actualización por IPC y pago de ropa de trabajo. El gremio, sin embargo, insistió con un aumento del 60% al básico, una cifra que la gestión considera imposible de afrontar sin afectar servicios a los vecinos. En paralelo, la figura de Manríquez quedó bajo mayor exposición por ser madre de dos hombres imputados en una causa narco, en la que se secuestraron cocaína, elementos de fraccionamiento, dinero chileno y un posnet.
