Redacción Diario NeuquenEl Gobierno de Neuquén presentó en la Legislatura un proyecto de ley destinado a proteger las tierras productivas y ordenar el crecimiento territorial de la provincia. La iniciativa apunta especialmente a preservar las superficies bajo riego y con aptitud agrícola frente al avance de loteos, urbanizaciones, industrias y actividades vinculadas a los servicios.
El proyecto parte de considerar al suelo productivo como un recurso limitado y no renovable. Entre los datos utilizados para fundamentar la propuesta, la Provincia señaló que durante 2025 se perdieron 663 hectáreas de superficie frutícola, mientras que las nuevas actividades vinculadas al desarrollo hidrocarburífero también generan presión sobre las zonas de chacras.
A esto se suma el crecimiento urbano. Según la información presentada, la población neuquina pasó de 471.409 habitantes en 2010 a 540.909 en 2020, mientras que en ese mismo período la huella urbana aumentó un 45%, al pasar de 12.460 a 18.083 hectáreas.
La iniciativa busca establecer reglas que permitan compatibilizar la producción, el acceso a la vivienda y el desarrollo industrial, sin que el crecimiento de una actividad implique necesariamente la pérdida de las otras.
Durante la presentación ante la Comisión de Producción, Industria y Comercio, el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeau, destacó que las tierras bajo riego y drenaje poseen algunos de los suelos más productivos de la provincia.
El funcionario vinculó además la iniciativa con el escenario económico que atraviesa Neuquén y con la necesidad de pensar qué matriz productiva tendrá la provincia después del desarrollo de Vaca Muerta. En ese sentido, planteó que el turismo y la producción deberán ocupar un lugar central en la etapa siguiente.
El proyecto establece que la protección de las tierras productivas será de interés público provincial y alcanzará a terrenos públicos y privados que tengan aptitud productiva y se encuentren bajo riego, incluso cuando actualmente no estén siendo explotados.
También quedarán comprendidas las superficies que cuenten con sistemas de riego y drenaje existentes o que tengan aptitud agrícola reconocida oficialmente.
Uno de los principales instrumentos propuestos es la creación de un piso provincial de protección para el suelo irrigado. A esto se suma una cláusula de no regresión, que impediría que normas posteriores de igual o menor jerarquía reduzcan los niveles de protección establecidos por la futura ley.
Los municipios y las comisiones de fomento, en tanto, podrán adoptar medidas que incrementen esos niveles de resguardo.
La iniciativa divide además las áreas protegidas en dos categorías. La Zona de Protección Prioritaria (ZP1) quedará destinada a la producción agropecuaria, mientras que la Zona de Uso Condicionado (ZP2) permitirá determinadas actividades siempre que cumplan requisitos vinculados con la evaluación ambiental, la eficiencia en el uso del agua y criterios de sustentabilidad.
El proyecto también establece reglas para evitar que la subdivisión de las unidades productivas afecte su capacidad de producción y contempla medidas específicas para preservar la infraestructura vinculada al sistema de riego.
En ese sentido, canales, acequias, compuertas, sifones y drenes tendrán carácter intangible. La propuesta prohíbe intervenciones que puedan alterar su funcionamiento y contempla únicamente excepciones para obras públicas autorizadas que incorporen medidas compensatorias.
Otro de los puntos centrales está relacionado con el crecimiento urbano. La iniciativa plantea priorizar el uso agropecuario en las zonas productivas y restringir la instalación de loteos y urbanizaciones en esos sectores.
También establece límites al cambio de destino de las tierras hacia usos residenciales, industriales, turísticos o de servicios. Quedarían exceptuadas las viviendas familiares y aquellas situaciones consideradas de interés público que cuenten con fundamentación y respaldo técnico y ambiental.
La Secretaría de Producción e Industria será la autoridad de aplicación de la futura normativa. Entre sus funciones estarán la fiscalización, la exigencia de planes de manejo, la aplicación de sanciones y la coordinación con otros organismos provinciales.
En conjunto con Catastro y Recursos Hídricos, deberá elaborar además la cartografía oficial de las áreas bajo riego, que tendrá carácter vinculante.
El proyecto incorpora un sistema de controles que combinará monitoreo remoto e inspecciones presenciales. Las sanciones estarán dirigidas a quienes dañen canales y drenes, alteren el suelo o el escurrimiento del agua o realicen loteos, fraccionamientos y obras sin autorización.
La gravedad de cada infracción determinará el tipo de sanción, teniendo en cuenta factores como la superficie afectada, la posibilidad de revertir el daño, el beneficio económico obtenido y la intencionalidad. La reincidencia será considerada un agravante y la normativa priorizará la reparación del daño por encima de la aplicación de una multa.
Como parte de las herramientas de conservación, la propuesta crea además un Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados. Sus recursos estarán destinados a obras como la rehabilitación de drenajes, la modernización de sistemas de medición y telemetría, la tecnificación del riego y acciones contra la salinización y los anegamientos.
El fondo se financiaría con recursos provenientes de multas, partidas del presupuesto provincial y eventuales aportes nacionales e internacionales.
La Provincia sostiene que la protección de estas superficies también permitirá aprovechar el potencial neuquino para aumentar la producción frutícola, hortícola y de frutas finas, con el objetivo de abastecer una mayor parte del consumo local y acceder a nuevos mercados.
El proyecto establece que la ley comenzaría a regir 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial, mientras que la reglamentación de los procedimientos técnicos y los mecanismos de fiscalización tendría un plazo máximo de 180 días.
El proyecto busca proteger el suelo productivo, pero su aplicación dependerá de cómo se definirán las zonas ZP1 y ZP2 y qué actividades quedarán permitidas en cada una para compatibilizar producción, vivienda e industria.
