Redacción Diario NeuquenEl Gobierno provincial fijó una postura firme frente a las tomas de terrenos y dejó trascender desde Casa de Gobierno que no habrá retrocesos ante las ocupaciones ilegales. La definición apunta a evitar que estas prácticas vuelvan a convertirse en una herramienta de presión para acceder a tierras o viviendas, como ocurrió en otros períodos de la historia provincial.
La posición oficial parte de un principio: la tierra debe adjudicarse por derecho y mediante los mecanismos establecidos, y no como consecuencia de una ocupación. En ese sentido, desde el Ejecutivo consideran que la usurpación constituye un delito y plantean una política de “tolerancia cero” frente a las ocupaciones ilegítimas de inmuebles públicos o privados.
La controversia se profundizó por la ocupación de un predio provincial con destino habitacional. Según la información oficial, en esas tierras está prevista la construcción de 240 viviendas o módulos multifamiliares y 10 dúplex, por lo que la toma afecta un proyecto destinado justamente a brindar soluciones frente a la demanda de viviendas.
La Secretaría de Vivienda y Hábitat de Neuquén presentó además una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por la presunta instigación pública a la ocupación ilegítima. De acuerdo con la presentación, habría existido una convocatoria organizada a través de redes sociales, bajo la consigna “Todos por un terreno”, en la que se difundieron indicaciones sobre lugar, fecha y horario.
En paralelo, la Justicia ordenó el desalojo y estableció un plazo máximo de 48 horas para concretarlo, además de disponer la restitución inmediata del inmueble al IPVU. La decisión judicial se produce mientras el Ejecutivo busca establecer una diferenciación entre la necesidad habitacional, reconocida por las autoridades, y la utilización de ocupaciones como mecanismo para obtener una respuesta estatal.
El Gobierno sostiene que la alternativa debe pasar por programas como Neuquén Habita y el RUPROVI, cuyo registro permanece abierto. La administración provincial argumenta que existen miles de personas que esperan una solución habitacional y cumplen los procedimientos establecidos, por lo que considera que permitir que una toma genere ventajas implicaría perjudicar a quienes respetan los mecanismos institucionales para acceder a una vivienda.
