El litio se ha convertido en el mineral estratégico del siglo XXI. En el corazón de esta disputa geopolítica y económica se encuentra Argentina, que integra el llamado “triángulo del litio” junto a Chile y Bolivia, región que concentra más del 58% de los recursos mundiales del metal.
13 de junio de 2025
Redacción Diario Neuquen
Uno de los proyectos más emblemáticos se desarrolla en Jujuy, dentro del Salar de Cauchari-Olaroz, donde opera EXAR, una empresa integrada por capitales de China, Canadá y el Estado argentino. Con una inversión superior a los 970 millones de dólares y una capacidad de producción de 40.000 toneladas anuales, la compañía defiende un modelo de “minería responsable” alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, detrás de los discursos institucionales emergen denuncias por el uso intensivo del agua y la vulneración de derechos indígenas.
El corazón geológico del litio: Cauchari-Olaroz
Ubicado en el departamento de Susques, a más de 3.800 metros de altura, este yacimiento representa uno de los más prometedores de la región, con recursos estimados en 24 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente. La extracción se realiza sobre un sistema hidrogeológico cerrado, extremadamente sensible a la sobreexplotación, y que interactúa con humedales altoandinos clave para la biodiversidad.
Pese a estar declarado reserva de fauna desde 1981, la presión minera sobre el subsuelo andino amenaza especies como la vicuña, el suri cordillerano y diversas chinchillas, y plantea un dilema sobre la sostenibilidad ambiental frente al desarrollo económico.
La sed del litio es también sed de agua
La producción de litio mediante evaporación solar implica extraer salmuera del subsuelo y dejarla evaporar durante meses en gigantescos piletones. Este método puede consumir hasta 584.000 litros de agua por tonelada de litio. En una región árida y vulnerable, donde el agua escasea, los impactos son alarmantes: salinización de fuentes de agua dulce, alteración de los ciclos hídricos y afectación de ecosistemas clave.
Aunque se ensayan nuevas tecnologías físico-químicas para acelerar el proceso, estas aún no reemplazan el modelo extractivista tradicional, que continúa avanzando.
Resistencia indígena y derecho a decidir
Diversas comunidades indígenas de Jujuy, como las de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, denuncian desde hace más de una década la falta de consulta previa, libre e informada, como lo establecen los estándares internacionales. Acusan al gobierno provincial de realizar consultas simuladas y denuncian que el modelo minero amenaza sus modos de vida tradicionales, basados en la agricultura, la ganadería y la extracción artesanal de sal.
“Nos dicen que es energía limpia, pero para nosotros significa menos agua, menos animales y menos vida”, expresan desde las comunidades.
Un Estado que es juez y parte
El marco legal argentino, definido por la ley de inversiones mineras de los años 90, convierte al país en un destino atractivo para el capital extranjero: regalías limitadas al 3%, beneficios fiscales y estabilidad tributaria por 30 años. A su vez, en Jujuy, el Estado provincial participa como socio minoritario a través de JEMSE, lo que lo convierte en promotor, regulador y beneficiario de los proyectos, generando un evidente conflicto de intereses.
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