Incidentes en una nueva protesta de jubilados en el Congreso: hubo forcejeos y dos demorados

Un nuevo miércoles de protesta de jubilados frente al Congreso de la Nación terminó con enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía Federal, quienes aplicaron el protocolo antipiquete para impedir el corte total de calles. Hubo al menos dos detenidos y momentos de tensión cuando algunos manifestantes intentaron avanzar sobre el vallado instalado en la zona.

La concentración, que se realiza de manera periódica cada semana, tenía como eje el reclamo por mejoras en los haberes previsionales y la situación económica del sector pasivo. Según testigos, el conflicto comenzó cuando un grupo de personas comenzó a marchar por la vereda de la avenida Rivadavia y quiso ocupar parte de la calzada, lo que derivó en empujones y forcejeos con los uniformados que intentaban mantener el tránsito liberado.

Entre los manifestantes se encontraba el padre Paco Olveira, sacerdote conocido por su participación en causas sociales, quien fue demorado por la Policía en medio de los disturbios. En declaraciones a Crónica, el religioso contó que recibió un golpe en la cabeza y denunció un accionar “violento e innecesario” por parte de las fuerzas. “Solo estábamos orando con un grupo de jubilados. Nos impidieron pasar y empezaron los empujones”, relató otro de los participantes.

El operativo policial incluyó un importante despliegue de Infantería y Gendarmería, con escudos y vallas que bloquearon la intersección de Hipólito Yrigoyen y avenida Rivadavia, y el inicio de Callao, para evitar el corte sobre Entre Ríos, una de las arterias principales del microcentro.

Tras los incidentes, un grupo minoritario de manifestantes intentó derribar las vallas mientras coreaban consignas contra el Gobierno. La situación fue rápidamente contenida, aunque la tensión se mantuvo durante varios minutos.

Las marchas de jubilados frente al Congreso se realizan desde hace varios meses cada miércoles, impulsadas por distintas agrupaciones que reclaman una recomposición urgente de los haberes y una actualización automática que acompañe la inflación.

Hasta el cierre de esta edición, los dos detenidos permanecían a disposición de la Justicia por resistencia a la autoridad, mientras las organizaciones anunciaban que mantendrán las protestas semanales hasta obtener una respuesta oficial.