
Figueroa proyecta superávit y reducción de deuda en el Presupuesto 2026
La administración provincial destinará 433.000 millones de pesos al pago de deuda, mientras mantiene la inversión en obra pública y distribución equitativa de recursos.
El oficialismo citó para el miércoles 9 de abril para tratar el proyecto que busca evitar que ciudadanos con condena confirmada en dos instancias por corrupción puedan postularse como candidatos.
Actualidad04 de abril de 2025
Redacción Diario Neuquen
El Senado nacional convocó a sesión especial para el próximo miércoles 9 de abril para tratar el proyecto de ley de Ficha Limpia, la resolución fue firmada por el presidente provisional del Cuerpo, Bartolomé Abdala ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo. El llamado pareciera un gesto hacia el PRO, partido que impulsó este proyecto. En la última sesión, el senador Alfredo De Angeli dijo que “Ficha Limpia es la bandera del Pro”. Ahora ambos partidos necesitarán construir mayorías ya que hay un rechazo absoluto de Unión por la Patria.
La convocatoria contempla además el tratamiento de un proyecto de la senadora de Unión por la Patria (UxP) Juliana Di Tullio, que declara zona de emergencia y en situación de catástrofe a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales.
El proyecto de Ficha Limpia es un proyecto elaborado por la diputada y candidata porteña, Silvia Lospennato del Pro, aprobado por la Cámara de Diputados y en revisión del Senado nacional. La iniciativa ya cuenta con el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales desde el pasado 19 de febrero y establece la figura de Ficha Limpia a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, con el fin de “garantizar y reforzar el principio de idoneidad en el ámbito electoral y en lo que hace a la gestión gubernamental”.
La senadora Alejandra Vigo, titular de Asuntos Constitucionales, y quien será el miembro informante ante el pleno el próximo miércoles señaló que, “la iniciativa propone una serie de modificaciones normativas tendientes a impedir que quienes hayan sido condenados en segunda instancia por un delito de corrupción puedan ser candidatos para cargos electivos nacionales u ocupar diferentes cargos en el ámbito de la Administración Pública Nacional”.
En su primer artículo la iniciativa señala que “la inelegibilidad regirá desde la fecha de la sentencia hasta su eventual revocación o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente” y que los inhabilitados a ser candidatos por tener condena doble por corrupción tampoco podrán ser designados como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase.

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