La Justicia Federal tomará el caso del triple crimen ligado al tráfico de drogas

La Justicia de San Justo recalificó el triple crimen de Florencio Varela como un homicidio vinculado al narcotráfico y resolvió que la causa pase al fuero federal, al considerar que las muertes estuvieron directamente relacionadas con una disputa por drogas. Además, agravó las imputaciones contra los nueve acusados, quienes ahora serán indagados nuevamente en una audiencia clave que se realizará este viernes 17 de octubre a las 6 de la mañana.

De acuerdo con la investigación, las víctimas fueron secuestradas y asesinadas como represalia por el robo de varios kilos de estupefacientes. El hecho se remonta al 6 de septiembre, cuando un grupo de personas organizadas sustrajo un cargamento destinado a la venta al menudeo. Ese golpe desató una venganza violenta encabezada por una banda narco integrada, entre otros, por Miguel Ángel Villanueva Silva, Tony “Pequeño J” Valverde, Lázaro “El Duro” Sotacuro, Celeste González Guerrero, Milagros Ibañez y Matías Ozorio.

Según el expediente, las víctimas fueron engañadas con la promesa de asistir a una fiesta y trasladadas en una camioneta Chevrolet Trucker blanca hasta una vivienda ubicada en calle Chañar 702, en Villa Vatteone. Allí fueron retenidas, torturadas y asesinadas, y luego enterradas en un pozo que había sido cavado con anticipación, lo que refuerza la hipótesis de un crimen planificado.

La fiscalía detalló que el primer hecho se encuadra en los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, premeditación, violencia de género y criminis causa. Dentro de este tramo de la causa, se dividió a los imputados en dos grupos: el Grupo I, integrado por Villanueva Silva, Ozorio, Giménez, Sotacuro y Parra, todos considerados coautores; y el Grupo II, conformado por González Guerrero, Ibañez e Ibarra, sin la agravante de violencia de género.

El segundo hecho incluye las acciones posteriores al crimen, como la limpieza de la escena y la alteración de pruebas. Por esa razón, Maximiliano Parra e Iara Ibarra fueron imputados además por encubrimiento agravado, ya que habrían intentado borrar rastros del homicidio en la vivienda donde ocurrió la masacre.

Con esta nueva calificación, el expediente será remitido a la Justicia Federal, que deberá continuar la investigación con la intervención de la PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad), debido a la clara conexión entre los homicidios y el tráfico de drogas. La causa, ahora bajo secreto de sumario, podría derivar en nuevas detenciones en los próximos días.