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El diputado del PTS, conocido por su vínculo con el sector ceramista y su apoyo a la protesta, rechazó la ley de ficha limpia en la Legislatura, alegando que atenta contra la democracia.
Actualidad28 de marzo de 2025El dirigente ceramista y diputado provincial por el Frente de Izquierda (FIT), Andrés Blanco, se aferró al pasado con la firmeza de quien se agarra a una tabla de náufrago. En la última sesión de la Legislatura de Neuquén, Blanco rechazó la ley de ficha limpia, que fue aprobada por amplia mayoría, con más énfasis en sus críticas que en los argumentos. La ley, que impide que personas condenadas por delitos graves se postulen a cargos electivos o accedan a puestos en el gobierno provincial, fue vista por el legislador como una estrategia para “proscribir” a la oposición, aunque no presentó pruebas que sustentaran sus acusaciones.
La ficha limpia, que entrará en vigencia en los próximos meses, es un paso hacia la transparencia en la política neuquina. Con la tolerancia cero implementada por el gobernador Rolando Figueroa, el objetivo es erradicar los privilegios de la vieja política. Esta normativa excluye de candidaturas a quienes tengan condenas firmes por delitos dolosos, entre otros cargos públicos, lo que le otorga un carácter restrictivo para aquellos que, como Blanco, estuvieron involucrados en círculos de subsidios estatales.
Durante su intervención, Blanco argumentó que la ley de ficha limpia no mejorará la calidad política y que tiene “aspectos antidemocráticos”, pero sus palabras fueron opacadas por su propio historial. Blanco y su sector ceramista han sido beneficiarios de subsidios estatales mientras mantenían una postura crítica hacia el mismo gobierno que les otorgaba los recursos. Un claro ejemplo de este ciclo vicioso es el caso de la cerámica Fasinpat (ex Zanon), donde, con Blanco a la cabeza, se realizaron cortes de ruta mientras exigían más fondos del gobierno.
Además, Blanco se mostró molesto por las investigaciones judiciales que desde 2024 indagan sobre los manejos de los recursos destinados a organizaciones sociales. El gobierno de Figueroa cortó ese circuito de intermediación, lo que generó el rechazo de dirigentes como Blanco, quienes se beneficiaron en el pasado de este sistema de subsidios.
La nueva ley de ficha limpia busca poner fin a prácticas políticas que, en muchos casos, han sido vistas como una forma de perpetuar intereses personales a costa de los recursos públicos. A medida que se avanza hacia una política más transparente y accesible, la postura de Blanco refleja la resistencia de aquellos que han disfrutado de los privilegios de la “vieja política” y que, ante la pérdida de estos beneficios, optan por la confrontación.
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